Tomado de ElNacional.com
La doctrina de la FAN del Estado democrático
Jorge Olavarría
Para calibrar acertadamente las normas y los principios constitucionales que
hasta 1998 ordenaban y regulaban el poder militar, es conveniente comparar someramente
las que hoy la ordenan y regulan con las que lo regulaban en la Constitución
de 1961.
La Constitución de 1961 tenía tres artículos referidos
a las Fuerzas Armadas. El artículo 331 era la continuación del
principio de subordinación de la autoridad militar a la autoridad civil,
contenida en todas las constituciones venezolanas desde 1811 y que se expresaba
-entre otras cosas- en la obligada intervención del Poder Legislativo
-en la mayoría de los casos a través del Senado- para autorizar
ascensos militares de alta graduación. El artículo 131 repetía
la tradicional prohibición del ejercicio simultáneo de la autoridad
civil y militar. El artículo 132 condensaba magistralmente la doctrina
de lo que deben ser las Fuerzas Armadas de un Estado democrático. Hoy
hay que recordar su letra:
"Las Fuerzas Armadas Nacionales forman una institución apolítica,
obediente y no deliberante, organizada por el Estado para asegurar la defensa
nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto
de la Constitución y las leyes, cuyo acatamiento estará siempre
por encima de cualquier otra obligación. Las Fuerzas Armadas Nacionales
estarán al servicio de la República y en ningún caso al
de una persona o parcialidad política".
La Constitución de 1999, eliminó la subordinación del poder
militar al poder civil, cancelando el requisito de la autorización para
los ascensos a oficiales superiores; eliminó la tradicional prohibición
del ejercicio simultáneo de la autoridad militar y la civil, con lo cual
abrió la puerta para la doctrina de la llamada "unión cívico
militar", que no ha sido otra cosa que la militarización del Estado;
eliminó del texto de la Constitución el carácter no deliberante
y apolítico de la institución militar, lo cual abría teóricamente
el camino para que la Fuerza Armada como tal y los oficiales como individuos
deliberaran políticamente, intervinieran y dieran su parecer sobre asuntos
propios de los cuerpos deliberantes de la República; aunque en la práctica,
como se ha visto, ello no ha sido así, pues hay oficiales imputados del
delito del ultraje a la Fuerza Armada por haber emitido opiniones adversas a
las políticas y las prácticas militares del régimen.
Lo que es más significativo de lo que en 1961 se ordenaba y ahora no
se ordena es que la Constitución de 1999 eliminó la obligación
expresa de la Fuerza Armada de velar por la estabilidad de las instituciones
democráticas y de respetar la Constitución y las leyes que -como
lo decía el artículo 132- "su acatamiento estará siempre
por encima de cualquier otra obligación".
En contraste con lo que se eliminó y omitió, se le otorgó
a los militares el derecho al sufragio, lo cual parece incompatible con los
principios militares de obediencia, disciplina y subordinación; se le
otorgó a la Fuerza Armada competencia de policía administrativa,
y se le acordó a los oficiales superiores el privilegio del antejuicio
de mérito, que es una versión moderna de los antiguos fueros militares
eliminados por la Constitución de 1830.
Lo más importante fue que se introdujo por primera vez en la historia
constitucional de Venezuela la doctrina de la seguridad nacional y defensa integral.
Semejante postulado no se encuentra en ninguna Constitución del mundo
ni siquiera en las de los regímenes militares y militaristas. Según
esta doctrina, todo, absolutamente todo, concierne a la seguridad del Estado,
incluido el desarrollo económico y social. Con esto se sentó la
base para la creación del tutelaje militar de todos los poderes del Estado.
Esta breve comparación entre lo que constitucionalmente regulaba el poder
militar en 1998 cuando el teniente coronel Chávez fue elegido presidente,
y lo que hoy lo regula, requiere un examen de su genealogía histórica,
que responda a estas inquietudes: ¿cómo y cuándo se creó
el Ejército profesional y permanente venezolano?, ¿cómo
se llegó a la formulación de la doctrina del Ejército del
Estado democrático contenida en el artículo 132 de la Constitución
de 1961?, ¿por qué y para qué se ha dado el salto atrás
de la doctrina de la Seguridad Nacional, que regresa al Ejército de Venezuela
al partido armado que era en los días de Joaquín Crespo?
Los gobiernos de militares no fueron militaristas
Sin examinar y repasar cuidadosamente todo lo que desde el punto de vista militar
nos trajo a 1999, no podremos apreciar en toda su trágica dimensión
la brutal regresión involutiva que significó la aprobación
del Título VII de la Constitución bolivariana de 1999 y el enorme
peligro que ella traía en su vientre, que hoy muestra lo que con ello
se puede hacer y deshacer y la índole del caos anárquico al cual
nos avienta y la opresión a la cual lleva.
Los pocos intentos que se han hecho para contar la historia del Ejército
que combate y vence en Carabobo en 1821 y llega a la formulación de la
doctrina venezolana de la Fuerza Armada del Estado democrático, concretada
en el artículo 132 de la Constitución de 1961, son insuficientes
para su buena inteligencia.
Esta historia corre desde la concepción doctrinaria y legal de lo que
era la fuerza armada que defiende el territorio de lo que para 1777 se integró
bajo la autoridad de la Capitanía General de Venezuela, con sede en Caracas;
y en la cual se formaron militarmente -entre otros- Bolívar, Ribas y
Sucre; pasa de allí a la formulación constitucional de las normas
de lo que debía ser el Ejército de la República que se
independiza en 1811, plasmadas en las constituciones de 1811, 1819 y 1821; llega
al hito importante de la definición del poder militar de la Constitución
de 1830, que ratifica el principio de subordinación del poder militar
al poder civil establecido en las Constituciones precedentes; y da un paso de
avance de gran significación cuando cancela y niega los fueros militares
y eclesiásticos y crea la República laica y civil que otros pueblos
hispánicos no lograron sino muchos años después.
Esa República colapsa en 1848 y estalla en mil pedazos diez años
más tarde con la Guerra Federal que cancela todo vestigio de Ejército
Nacional, y la Fuerza Armada se convierte en el ejército o los ejércitos
de partidos, caudillos y facciones. Esto se reforma radicalmente en 1910 bajo
el mando del general Juan Vicente Gómez, cuando se dan los primeros pasos
para crear al Ejército Nacional profesional y permanente, al servicio
del gobierno central con exclusión absoluta de ejércitos regionales.
Este es el Ejército que, por una vía tortuosa repleta de contradicciones,
llega a la formulación de la doctrina de la Fuerza Armada del Estado
democrático, contenida en el artículo 132 de la Constitución
de 1961.
Este brevísimo esquema se complementa con la advertencia necesaria para
disipar el espejismo que falsifica la visión de la historia de Venezuela
y que lleva a muchos a creer que su historia es de militares y militarismos.
Eso es falso. Ningún gobierno de Venezuela, ejercido por militares hasta
1945, fue militarista. El primer gobierno militarista de Venezuela fue el de
Marcos Pérez Jiménez. Y fue derrocado por militares. El segundo,
es el de Hugo Chávez.
Es verdad que de todos los gobiernos de los 70 años de historia de la
República de Venezuela entre 1830 y 1899, sólo 6 años y
4 meses fueron de gobiernos presididos por civiles y 63 años y 8 meses
fueron de gobiernos presididos por militares. Es verdad que de los civiles presidentes
del siglo XIX José María Vargas fue derrocado en 1835 por la revolución
militarista llamada "de las reformas", pero también es verdad
que fue repuesto en el poder por el general Páez y este hecho es muy
elocuente para demostrar la veracidad de mi tesis. El segundo civil presidente,
Manuel Felipe Tovar, a quien en 1860 le tocó la desgracia de sufrir como
vicepresidente del general Julián Castro -el más torpe e inepto
de todos- se vio obligado a reemplazarlo, para luego tener que renunciar ante
la imposibilidad de detener la demencia de la Guerra Federal y ser sustituido
por el vicepresidente Pedro Gual, quien tres meses después fue derrocado
por el general Páez. Otra de las trágicas ironías de nuestra
historia.
Es verdad que el único presidente civil del siglo antepasado que concluyó
el período de dos años para el cual fue elegido en 1888 fue Juan
Pablo Rojas Paúl. Y también es verdad que fue sustituido por Raimundo
Andueza Palacio en 1890, quien fue derrocado en 1892 por la revolución
"Legalista" del general Joaquín Crespo.
También es verdad que los gobiernos de los generales Cipriano Castro,
Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras e Isaías Medina
Angarita cubren los primeros 45 años del siglo XX. Pero lo que también
es verdad es que los gobiernos de militares de 1830 a 1945 no fueron militaristas.
El virus de la patología militarista, traído de Perú, Chile
y Argentina por oficiales que estudiaron allá, se inicia en 1945 con
los militares de la logia conspirativa Unión Militar Patriótica,
creada por Mario Vargas y encabezada por Marcos Pérez Jiménez,
que el 18 de octubre de 1945 derrocan al gobierno civilista del general Isaías
Medina Angarita.
Entre 1945 y 1948, Venezuela fue gobernada por una "Junta Revolucionaria
de Gobierno", presidida por el civil Rómulo Betancourt, que llegó
al poder de mano de los militares militaristas que formaron parte de la junta
y fueron los que habían derrocado a Isaías Medina en el golpe
militar del 18 de octubre de 1945. Así y entonces entró en Venezuela
el germen del populismo militarista que campeaba en el mundo hispanoamericano,
con el ejemplo emblemático de Juan Domingo Perón, el cual se expresará
en los gobiernos de Mercado Jarrín y Velasco Alvarado en Perú.
Al brevísimo gobierno de nueve meses de Rómulo Gallegos, de febrero
a noviembre de 1948, le siguieron 10 años de gobiernos de militares militaristas.
Todos los gobiernos de 1948 a 1958 fueron nombrados por el Alto Mando Militar.
Todos fueron militaristas.
Es verdad que de las 52 presidencias que ha tenido Venezuela en los 169 años
que van de 1830 a 1999, 17 fueron ejercidas por civiles durante 53 años,
y 35 lo fueron por militares, durante 116 años. Pero estos hechos y estas
magnitudes brutas forman un gigantesco espejismo de falacias, en el cual se
han ahogado los que hacen uso superficial e indebido de la etiqueta de militarismo.
En estricto sentido, esa etiqueta no es aplicable a la mayor parte de los gobiernos
presididos por militares. A pesar de las apariencias, ni uno solo de los gobiernos
ejercidos por militares entre 1830 y 1945, ¡ni uno solo!, merece el calificativo
de militarista en los términos que esto se entiende en la historia contemporánea
y se aplica a los regímenes militaristas de Alemania, en Europa, o de
la Argentina, Brasil, Chile y Venezuela. Estos se refieren, en todos los casos,
al poder y la influencia institucional del estamento militar en el gobierno
y su derecho a ser un poder de hecho o de derecho dentro del Estado.
La doctrina de la Seguridad Nacional sintetiza eso. En los años posteriores
al fin de la Segunda Guerra Mundial y en los años de la Guerra Fría,
el "US Army War College" hizo suya la doctrina de Seguridad Nacional,
pues le era útil para justificar a los regímenes militares autoritarios
de la América hispana y de Europa, muchas veces tiránicos, siempre
que fueran anticomunistas.
El primer gobierno militar de Venezuela que fue militarista y contó con
la aprobación de Estados Unidos por ser anticomunista fue el de Marcos
Pérez Jiménez. La doctrina del Nuevo Ideal Nacional era militarista.
El segundo gobierno militarista de nuestra historia es el de Hugo Chávez
Frías. La doctrina contenida en el Título VI de la Constitución
bolivariana es militarista. Justifica, permite y auspicia el tutelaje militar
de todos los poderes del Estado. Con la idea de la "defensa integral"
lleva a la creación de una fuerza armada paralela, formada por milicias
populares, desvinculadas de la Fuerza Armada como ella es definida en los artículos
328 y 329 de la Constitución de 1999.
La creación del Ejército Nacional y profesional
En el siglo XIX venezolano, el estamento militar, que entre 1811 y 1824 logró
con su sangre y sus sacrificios la independencia, tuvo a partir de 1830 un peso
desmedidamente inferior a lo que sus proezas militares se pensaba le daban derecho.
Los fueros militares fueron abolidos en 1830.
El único intento serio de hacer que el estamento militar de la independencia
se erigiera en un poder capaz de condicionar al Estado, de gobernar al gobierno,
o ejercerlo directamente, fue el de la desgraciada "revolución de
las reformas" de 1835, la cual fracasó porque el general Páez,
quien se pensaba se pondría al frente de ella, la derrotó y puso
en su lugar a los militares.
Apartando este hecho aislado y atípico, ni uno solo de los gobiernos
ejercidos por militares en el siglo pasado fue militarista en el sentido estricto
y moderno del término. Todos fueron gobiernos partidistas de una idea,
una bandera o un caudillo, eso sí, con una fuerza armada propia. Ni uno
solo de sus grandes caudillos, Páez, Monagas, Guzmán Blanco y
Crespo fueron militaristas.
Eso explica en parte por qué no crearon un ejército profesional
y permanente. La idea de crearlo era aborrecida por quienes podían hacerlo.
Guzmán Blanco rechazó la idea de crear una escuela militar con
el argumento de que podía convertirse en un vivero de godos. Y no le
faltaba razón. Eso fue lo que sucedió en Chile.
La reforma militar del general Ramón Guerra durante el segundo gobierno
de Crespo se refería a su equipamiento y su organización, no a
la creación de un estamento militar profesional permanente y autónomo.
Eso era anatema al pensamiento liberal, además de ser una amenaza a los
caudillos regionales en cuyo sistema de equilibrio y acuerdos de mutuo apoyo
y respeto se basó el sistema creado por Guzmán para gobernar a
un país que se había vuelto ingobernable por la demencia federal.
La ferocidad de las guerras civiles que se inician en marzo de 1898 con el "grito
de Queipa" dado por el "mocho" Hernández tras el fraude
electoral del cual él había sido víctima en 1897, concluyeron
cinco años después, en julio de 1903, cuando Juan Vicente Gómez
derrotó en Ciudad Bolívar a Nicolás Rolando, el último
de los caudillos de la Revolución Libertadora.
La experiencia de la guerra de la Revolución Libertadora llevó
a Castro y a Gómez a entender y aceptar la necesidad y la conveniencia
de crear una fuerza armada profesional y permanente, como se estaba haciendo
en otras partes del mundo.
Cipriano Castro sentó las bases reglamentarias y mandó a construir
el edificio que le serviría de sede a la Escuela Militar. Pero su carácter
anárquico, disoluto, desorganizado y arbitrario derrotó su propósito.
Fue Juan Vicente Gómez quien inauguró y puso en marcha en 1910
la Escuela Militar y a quien se le debe la creación del Ejército
Nacional.
Hasta donde he podido indagar, quienes estaban próximos a Gómez
y tenían las ideas más claras para crear un Ejército moderno
eran los generales Francisco Linares Alcántara, quien había estudiado
en West Point, y Félix Galavis. Hay consenso en que fue el coronel chileno
Samuel McGill quien más trabajó y mejores resultados obtuvo en
la marcha de primeros años de la Escuela Militar y en la tarea de organizar,
equipar, disciplinar y vestir el Ejército que Gómez crea entre
1910 y 1913. En sus memorias, el coronel McGill nos deja una página que
describe con gran elocuencia esta etapa de la historia del Ejército:
"Desde la época gloriosa de las guerras de la Independencia, en
que el Ejército de Venezuela paseó victorioso su bandera por todo
un continente, el Ejército había ido degenerándose hasta
el punto de apenas ser digno de este nombre, todo por las constantes conmociones
políticas en que se veía envuelto constantemente el país.
Se mantuvo la institución en tal atraso y abandono que en la mayoría
de los cuarteles los soldados dormían en el suelo por carecer de camas,
los edificios destinados a tales fines carecían de toda clase de confort
para la vida de las tropas. Se les mantenía en la mayor ignorancia, eran
masas analfabetas. Para su aseo corporal eran llevados a los ríos más
cercanos y allí aprovechaban para lavar las ropas que llevaban puestas,
las secaban al sol y luego esperaban para volvérselas a poner. No usaban
zapatos, sino alpargatas; los zapatos sólo se ponían incidentalmente,
en el caso de tener que rendir honores a algún personaje nacional o extranjero
o para asistir a algún entierro decretado por la superioridad militar.
La oficialidad, como uniforme, llevaba generalmente una blusa azul abotonada
en el cuello, por debajo un chaleco, el pantalón muchas veces era civil,
la cabeza cubierta por un pequeño kepis, estilo francés, y terciado
en el hombro un machete que colgaba de una banda de tela tricolor como de 10
centímetros de ancho. Este cuadro no podía ser más desalentador
para el espíritu de un buen patriota".
La reforma militar de 1910 se hizo en tres frentes: el institucional, el organizativo
y el de vestuario y equipamiento con material de guerra moderno.
Pero lo más importante era la idea de que el Ejército debía
ser profesional y permanente y una fuerza al servicio del Estado central, defensora
del gobierno y de las leyes, no de los caudillos. A éstos, Gómez
los atrajo a su causa, cuando ello fue posible y los hizo parte de su gobierno
entre 1909 y 1913. Cuando no fue posible, porque éstos regresaban a sus
viejas prácticas, los persiguió, desarmó, exilió
y encarceló con dureza.
El progreso institucional del Ejército de Gómez respondía
a la aplicación de la doctrina militar de sus días, de entender
al Ejército como un cuerpo apolítico estrictamente disciplinado,
obediente, subordinado al gobierno central y no a partidos ni caudillos.
Mientras la preparación militar de los oficiales montoneros que habían
aprendido a guerrear en el campo, se mejoraba con cursos; en la Escuela Militar
que empieza a funcionar en el centenario de la Independencia en 1911, se forman
los nuevos profesionales militares.
La creación del Ejército profesional y permanente por Gómez
fue simultánea y complementaria a la organización del gobierno
central, de su Hacienda Pública y su administración. Su objetivo
primordial era la aniquilación de los caudillismos regionales, para lo
que fue objetivo constante de Gómez la imposición de la paz en
un país que, sin haber sido nunca militarista, no había cesado
de guerrear.
El objetivo de la paz se logró. Cuando en 1935 Gómez muere, Venezuela
había vivido por primera vez en su historia 27 años de paz, el
gobierno tenía un Tesoro sano y solvente, no debía un céntimo
fuera o dentro, poseía una Hacienda organizada y tenía un Ejército
bien equipado, con bases sólidas de profesionalismo y disciplina. Sin
esto, los gobiernos de López Contreras y Medina no hubieran podido hacer
lo que hicieron.
El 18 de octubre de 1945 se dio el gran salto atrás. Buena parte de lo
que se había logrado progresar desde 1910 sufrió un brusco retroceso.
Para calibrar acertadamente las normas y los principios constitucionales que
hasta 1998 ordenaban y regulaban el poder militar, es conveniente comparar someramente
las que hoy la ordenan y regulan con las que lo regulaban en la Constitución
de 1961.
La Constitución de 1961 tenía tres artículos referidos
a las Fuerzas Armadas. El artículo 331 era la continuación del
principio de subordinación de la autoridad militar a la autoridad civil,
contenida en todas las constituciones venezolanas desde 1811 y que se expresaba
-entre otras cosas- en la obligada intervención del Poder Legislativo
-en la mayoría de los casos a través del Senado- para autorizar
ascensos militares de alta graduación. El artículo 131 repetía
la tradicional prohibición del ejercicio simultáneo de la autoridad
civil y militar. El artículo 132 condensaba magistralmente la doctrina
de lo que deben ser las Fuerzas Armadas de un Estado democrático. Hoy
hay que recordar su letra:
"Las Fuerzas Armadas Nacionales forman una institución apolítica,
obediente y no deliberante, organizada por el Estado para asegurar la defensa
nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto
de la Constitución y las leyes, cuyo acatamiento estará siempre
por encima de cualquier otra obligación. Las Fuerzas Armadas Nacionales
estarán al servicio de la República y en ningún caso al
de una persona o parcialidad política".
La Constitución de 1999, eliminó la subordinación del poder
militar al poder civil, cancelando el requisito de la autorización para
los ascensos a oficiales superiores; eliminó la tradicional prohibición
del ejercicio simultáneo de la autoridad militar y la civil, con lo cual
abrió la puerta para la doctrina de la llamada "unión cívico
militar", que no ha sido otra cosa que la militarización del Estado;
eliminó del texto de la Constitución el carácter no deliberante
y apolítico de la institución militar, lo cual abría teóricamente
el camino para que la Fuerza Armada como tal y los oficiales como individuos
deliberaran políticamente, intervinieran y dieran su parecer sobre asuntos
propios de los cuerpos deliberantes de la República; aunque en la práctica,
como se ha visto, ello no ha sido así, pues hay oficiales imputados del
delito del ultraje a la Fuerza Armada por haber emitido opiniones adversas a
las políticas y las prácticas militares del régimen.
Lo que es más significativo de lo que en 1961 se ordenaba y ahora no
se ordena es que la Constitución de 1999 eliminó la obligación
expresa de la Fuerza Armada de velar por la estabilidad de las instituciones
democráticas y de respetar la Constitución y las leyes que -como
lo decía el artículo 132- "su acatamiento estará siempre
por encima de cualquier otra obligación".
En contraste con lo que se eliminó y omitió, se le otorgó
a los militares el derecho al sufragio, lo cual parece incompatible con los
principios militares de obediencia, disciplina y subordinación; se le
otorgó a la Fuerza Armada competencia de policía administrativa,
y se le acordó a los oficiales superiores el privilegio del antejuicio
de mérito, que es una versión moderna de los antiguos fueros militares
eliminados por la Constitución de 1830.
Lo más importante fue que se introdujo por primera vez en la historia
constitucional de Venezuela la doctrina de la seguridad nacional y defensa integral.
Semejante postulado no se encuentra en ninguna Constitución del mundo
ni siquiera en las de los regímenes militares y militaristas. Según
esta doctrina, todo, absolutamente todo, concierne a la seguridad del Estado,
incluido el desarrollo económico y social. Con esto se sentó la
base para la creación del tutelaje militar de todos los poderes del Estado.
Esta breve comparación entre lo que constitucionalmente regulaba el poder
militar en 1998 cuando el teniente coronel Chávez fue elegido presidente,
y lo que hoy lo regula, requiere un examen de su genealogía histórica,
que responda a estas inquietudes: ¿cómo y cuándo se creó
el Ejército profesional y permanente venezolano?, ¿cómo
se llegó a la formulación de la doctrina del Ejército del
Estado democrático contenida en el artículo 132 de la Constitución
de 1961?, ¿por qué y para qué se ha dado el salto atrás
de la doctrina de la Seguridad Nacional, que regresa al Ejército de Venezuela
al partido armado que era en los días de Joaquín Crespo?
Los gobiernos de militares no fueron militaristas
Sin examinar y repasar cuidadosamente todo lo que desde el punto de vista militar
nos trajo a 1999, no podremos apreciar en toda su trágica dimensión
la brutal regresión involutiva que significó la aprobación
del Título VII de la Constitución bolivariana de 1999 y el enorme
peligro que ella traía en su vientre, que hoy muestra lo que con ello
se puede hacer y deshacer y la índole del caos anárquico al cual
nos avienta y la opresión a la cual lleva.
Los pocos intentos que se han hecho para contar la historia del Ejército
que combate y vence en Carabobo en 1821 y llega a la formulación de la
doctrina venezolana de la Fuerza Armada del Estado democrático, concretada
en el artículo 132 de la Constitución de 1961, son insuficientes
para su buena inteligencia.
Esta historia corre desde la concepción doctrinaria y legal de lo que
era la fuerza armada que defiende el territorio de lo que para 1777 se integró
bajo la autoridad de la Capitanía General de Venezuela, con sede en Caracas;
y en la cual se formaron militarmente -entre otros- Bolívar, Ribas y
Sucre; pasa de allí a la formulación constitucional de las normas
de lo que debía ser el Ejército de la República que se
independiza en 1811, plasmadas en las constituciones de 1811, 1819 y 1821; llega
al hito importante de la definición del poder militar de la Constitución
de 1830, que ratifica el principio de subordinación del poder militar
al poder civil establecido en las Constituciones precedentes; y da un paso de
avance de gran significación cuando cancela y niega los fueros militares
y eclesiásticos y crea la República laica y civil que otros pueblos
hispánicos no lograron sino muchos años después.
Esa República colapsa en 1848 y estalla en mil pedazos diez años
más tarde con la Guerra Federal que cancela todo vestigio de Ejército
Nacional, y la Fuerza Armada se convierte en el ejército o los ejércitos
de partidos, caudillos y facciones. Esto se reforma radicalmente en 1910 bajo
el mando del general Juan Vicente Gómez, cuando se dan los primeros pasos
para crear al Ejército Nacional profesional y permanente, al servicio
del gobierno central con exclusión absoluta de ejércitos regionales.
Este es el Ejército que, por una vía tortuosa repleta de contradicciones,
llega a la formulación de la doctrina de la Fuerza Armada del Estado
democrático, contenida en el artículo 132 de la Constitución
de 1961.
Este brevísimo esquema se complementa con la advertencia necesaria para
disipar el espejismo que falsifica la visión de la historia de Venezuela
y que lleva a muchos a creer que su historia es de militares y militarismos.
Eso es falso. Ningún gobierno de Venezuela, ejercido por militares hasta
1945, fue militarista. El primer gobierno militarista de Venezuela fue el de
Marcos Pérez Jiménez. Y fue derrocado por militares. El segundo,
es el de Hugo Chávez.
Es verdad que de todos los gobiernos de los 70 años de historia de la
República de Venezuela entre 1830 y 1899, sólo 6 años y
4 meses fueron de gobiernos presididos por civiles y 63 años y 8 meses
fueron de gobiernos presididos por militares. Es verdad que de los civiles presidentes
del siglo XIX José María Vargas fue derrocado en 1835 por la revolución
militarista llamada "de las reformas", pero también es verdad
que fue repuesto en el poder por el general Páez y este hecho es muy
elocuente para demostrar la veracidad de mi tesis. El segundo civil presidente,
Manuel Felipe Tovar, a quien en 1860 le tocó la desgracia de sufrir como
vicepresidente del general Julián Castro -el más torpe e inepto
de todos- se vio obligado a reemplazarlo, para luego tener que renunciar ante
la imposibilidad de detener la demencia de la Guerra Federal y ser sustituido
por el vicepresidente Pedro Gual, quien tres meses después fue derrocado
por el general Páez. Otra de las trágicas ironías de nuestra
historia.
Es verdad que el único presidente civil del siglo antepasado que concluyó
el período de dos años para el cual fue elegido en 1888 fue Juan
Pablo Rojas Paúl. Y también es verdad que fue sustituido por Raimundo
Andueza Palacio en 1890, quien fue derrocado en 1892 por la revolución
"Legalista" del general Joaquín Crespo.
También es verdad que los gobiernos de los generales Cipriano Castro,
Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras e Isaías Medina
Angarita cubren los primeros 45 años del siglo XX. Pero lo que también
es verdad es que los gobiernos de militares de 1830 a 1945 no fueron militaristas.
El virus de la patología militarista, traído de Perú, Chile
y Argentina por oficiales que estudiaron allá, se inicia en 1945 con
los militares de la logia conspirativa Unión Militar Patriótica,
creada por Mario Vargas y encabezada por Marcos Pérez Jiménez,
que el 18 de octubre de 1945 derrocan al gobierno civilista del general Isaías
Medina Angarita.
Entre 1945 y 1948, Venezuela fue gobernada por una "Junta Revolucionaria
de Gobierno", presidida por el civil Rómulo Betancourt, que llegó
al poder de mano de los militares militaristas que formaron parte de la junta
y fueron los que habían derrocado a Isaías Medina en el golpe
militar del 18 de octubre de 1945. Así y entonces entró en Venezuela
el germen del populismo militarista que campeaba en el mundo hispanoamericano,
con el ejemplo emblemático de Juan Domingo Perón, el cual se expresará
en los gobiernos de Mercado Jarrín y Velasco Alvarado en Perú.
Al brevísimo gobierno de nueve meses de Rómulo Gallegos, de febrero
a noviembre de 1948, le siguieron 10 años de gobiernos de militares militaristas.
Todos los gobiernos de 1948 a 1958 fueron nombrados por el Alto Mando Militar.
Todos fueron militaristas.
Es verdad que de las 52 presidencias que ha tenido Venezuela en los 169 años
que van de 1830 a 1999, 17 fueron ejercidas por civiles durante 53 años,
y 35 lo fueron por militares, durante 116 años. Pero estos hechos y estas
magnitudes brutas forman un gigantesco espejismo de falacias, en el cual se
han ahogado los que hacen uso superficial e indebido de la etiqueta de militarismo.
En estricto sentido, esa etiqueta no es aplicable a la mayor parte de los gobiernos
presididos por militares. A pesar de las apariencias, ni uno solo de los gobiernos
ejercidos por militares entre 1830 y 1945, ¡ni uno solo!, merece el calificativo
de militarista en los términos que esto se entiende en la historia contemporánea
y se aplica a los regímenes militaristas de Alemania, en Europa, o de
la Argentina, Brasil, Chile y Venezuela. Estos se refieren, en todos los casos,
al poder y la influencia institucional del estamento militar en el gobierno
y su derecho a ser un poder de hecho o de derecho dentro del Estado.
La doctrina de la Seguridad Nacional sintetiza eso. En los años posteriores
al fin de la Segunda Guerra Mundial y en los años de la Guerra Fría,
el "US Army War College" hizo suya la doctrina de Seguridad Nacional,
pues le era útil para justificar a los regímenes militares autoritarios
de la América hispana y de Europa, muchas veces tiránicos, siempre
que fueran anticomunistas.
El primer gobierno militar de Venezuela que fue militarista y contó con
la aprobación de Estados Unidos por ser anticomunista fue el de Marcos
Pérez Jiménez. La doctrina del Nuevo Ideal Nacional era militarista.
El segundo gobierno militarista de nuestra historia es el de Hugo Chávez
Frías. La doctrina contenida en el Título VI de la Constitución
bolivariana es militarista. Justifica, permite y auspicia el tutelaje militar
de todos los poderes del Estado. Con la idea de la "defensa integral"
lleva a la creación de una fuerza armada paralela, formada por milicias
populares, desvinculadas de la Fuerza Armada como ella es definida en los artículos
328 y 329 de la Constitución de 1999.
La creación del Ejército Nacional y profesional
En el siglo XIX venezolano, el estamento militar, que entre 1811 y 1824 logró
con su sangre y sus sacrificios la independencia, tuvo a partir de 1830 un peso
desmedidamente inferior a lo que sus proezas militares se pensaba le daban derecho.
Los fueros militares fueron abolidos en 1830.
El único intento serio de hacer que el estamento militar de la independencia
se erigiera en un poder capaz de condicionar al Estado, de gobernar al gobierno,
o ejercerlo directamente, fue el de la desgraciada "revolución de
las reformas" de 1835, la cual fracasó porque el general Páez,
quien se pensaba se pondría al frente de ella, la derrotó y puso
en su lugar a los militares.
Apartando este hecho aislado y atípico, ni uno solo de los gobiernos
ejercidos por militares en el siglo pasado fue militarista en el sentido estricto
y moderno del término. Todos fueron gobiernos partidistas de una idea,
una bandera o un caudillo, eso sí, con una fuerza armada propia. Ni uno
solo de sus grandes caudillos, Páez, Monagas, Guzmán Blanco y
Crespo fueron militaristas.
Eso explica en parte por qué no crearon un ejército profesional
y permanente. La idea de crearlo era aborrecida por quienes podían hacerlo.
Guzmán Blanco rechazó la idea de crear una escuela militar con
el argumento de que podía convertirse en un vivero de godos. Y no le
faltaba razón. Eso fue lo que sucedió en Chile.
La reforma militar del general Ramón Guerra durante el segundo gobierno
de Crespo se refería a su equipamiento y su organización, no a
la creación de un estamento militar profesional permanente y autónomo.
Eso era anatema al pensamiento liberal, además de ser una amenaza a los
caudillos regionales en cuyo sistema de equilibrio y acuerdos de mutuo apoyo
y respeto se basó el sistema creado por Guzmán para gobernar a
un país que se había vuelto ingobernable por la demencia federal.
La ferocidad de las guerras civiles que se inician en marzo de 1898 con el "grito
de Queipa" dado por el "mocho" Hernández tras el fraude
electoral del cual él había sido víctima en 1897, concluyeron
cinco años después, en julio de 1903, cuando Juan Vicente Gómez
derrotó en Ciudad Bolívar a Nicolás Rolando, el último
de los caudillos de la Revolución Libertadora.
La experiencia de la guerra de la Revolución Libertadora llevó
a Castro y a Gómez a entender y aceptar la necesidad y la conveniencia
de crear una fuerza armada profesional y permanente, como se estaba haciendo
en otras partes del mundo.
Cipriano Castro sentó las bases reglamentarias y mandó a construir
el edificio que le serviría de sede a la Escuela Militar. Pero su carácter
anárquico, disoluto, desorganizado y arbitrario derrotó su propósito.
Fue Juan Vicente Gómez quien inauguró y puso en marcha en 1910
la Escuela Militar y a quien se le debe la creación del Ejército
Nacional.
Hasta donde he podido indagar, quienes estaban próximos a Gómez
y tenían las ideas más claras para crear un Ejército moderno
eran los generales Francisco Linares Alcántara, quien había estudiado
en West Point, y Félix Galavis. Hay consenso en que fue el coronel chileno
Samuel McGill quien más trabajó y mejores resultados obtuvo en
la marcha de primeros años de la Escuela Militar y en la tarea de organizar,
equipar, disciplinar y vestir el Ejército que Gómez crea entre
1910 y 1913. En sus memorias, el coronel McGill nos deja una página que
describe con gran elocuencia esta etapa de la historia del Ejército:
"Desde la época gloriosa de las guerras de la Independencia, en
que el Ejército de Venezuela paseó victorioso su bandera por todo
un continente, el Ejército había ido degenerándose hasta
el punto de apenas ser digno de este nombre, todo por las constantes conmociones
políticas en que se veía envuelto constantemente el país.
Se mantuvo la institución en tal atraso y abandono que en la mayoría
de los cuarteles los soldados dormían en el suelo por carecer de camas,
los edificios destinados a tales fines carecían de toda clase de confort
para la vida de las tropas. Se les mantenía en la mayor ignorancia, eran
masas analfabetas. Para su aseo corporal eran llevados a los ríos más
cercanos y allí aprovechaban para lavar las ropas que llevaban puestas,
las secaban al sol y luego esperaban para volvérselas a poner. No usaban
zapatos, sino alpargatas; los zapatos sólo se ponían incidentalmente,
en el caso de tener que rendir honores a algún personaje nacional o extranjero
o para asistir a algún entierro decretado por la superioridad militar.
La oficialidad, como uniforme, llevaba generalmente una blusa azul abotonada
en el cuello, por debajo un chaleco, el pantalón muchas veces era civil,
la cabeza cubierta por un pequeño kepis, estilo francés, y terciado
en el hombro un machete que colgaba de una banda de tela tricolor como de 10
centímetros de ancho. Este cuadro no podía ser más desalentador
para el espíritu de un buen patriota".
La reforma militar de 1910 se hizo en tres frentes: el institucional, el organizativo
y el de vestuario y equipamiento con material de guerra moderno.
Pero lo más importante era la idea de que el Ejército debía
ser profesional y permanente y una fuerza al servicio del Estado central, defensora
del gobierno y de las leyes, no de los caudillos. A éstos, Gómez
los atrajo a su causa, cuando ello fue posible y los hizo parte de su gobierno
entre 1909 y 1913. Cuando no fue posible, porque éstos regresaban a sus
viejas prácticas, los persiguió, desarmó, exilió
y encarceló con dureza.
El progreso institucional del Ejército de Gómez respondía
a la aplicación de la doctrina militar de sus días, de entender
al Ejército como un cuerpo apolítico estrictamente disciplinado,
obediente, subordinado al gobierno central y no a partidos ni caudillos.
Mientras la preparación militar de los oficiales montoneros que habían
aprendido a guerrear en el campo, se mejoraba con cursos; en la Escuela Militar
que empieza a funcionar en el centenario de la Independencia en 1911, se forman
los nuevos profesionales militares.
La creación del Ejército profesional y permanente por Gómez
fue simultánea y complementaria a la organización del gobierno
central, de su Hacienda Pública y su administración. Su objetivo
primordial era la aniquilación de los caudillismos regionales, para lo
que fue objetivo constante de Gómez la imposición de la paz en
un país que, sin haber sido nunca militarista, no había cesado
de guerrear.
El objetivo de la paz se logró. Cuando en 1935 Gómez muere, Venezuela
había vivido por primera vez en su historia 27 años de paz, el
gobierno tenía un Tesoro sano y solvente, no debía un céntimo
fuera o dentro, poseía una Hacienda organizada y tenía un Ejército
bien equipado, con bases sólidas de profesionalismo y disciplina. Sin
esto, los gobiernos de López Contreras y Medina no hubieran podido hacer
lo que hicieron.
El 18 de octubre de 1945 se dio el gran salto atrás. Buena parte de lo
que se había logrado progresar desde 1910 sufrió un brusco retroceso.