Tomado de ElNacional.com
La conversión del Ejército en un partido
Jorge Olavarría
En 1973 se inició una lamentable etapa de degradación política
que llevó al estallido de la rebelión militar de 1992. En 1998,
Hugo Chávez fue el primer militar elegido por voluntad popular en la
historia de Venezuela. Chávez no llegó a la Presidencia por ser
militar ni como militar.
No fue nombrado por el Alto Mando Militar como lo fueron todos los gobiernos
entre 1948 y 1958 ni ocupó la jefatura del Estado como resultado de un
golpe militar.
Cuando en diciembre de 1998 Chávez fue elegido, las apariencias hacían
pensar que sería institucional y prudente en su relación con las
Fuerzas Armadas, de la cual era su comandante en jefe por mandato constitucional.
La selección del general Raúl Salazar como su primer ministro
de la Defensa parecía apuntar en este sentido. Quienes pensaron esto
se equivocaron, incluyendo a Salazar.
Desde el 4 de febrero de 1999, cuando hizo desfilar a los cadetes y las tropas
de la guarnición de Caracas en el día aniversario de la rebelión
de 1992, hasta el discurso del 16 de mayo de 2004, cuando anunció las
tres líneas estratégicas de la fase antiimperialista de la revolución
bolivariana y lanzó su interpretación del Título VII de
la Constitución, Chávez ha destruido al Ejército.
Empezó ofendiendo, injuriando y maltratando públicamente a sus
compañeros militares como nadie lo había hecho. Nadie ha violado,
ha irrespetado y se ha burlado de las leyes y reglamentos militares como lo
ha hecho Chávez. Ni uno solo de los presidentes civiles que gobernaron
desde 1959 se hubiera atrevido a hacer o a decir lo que Chávez ha hecho
y dicho en los cuarteles de otros militares. A ninguno de los presidentes militares
de nuestra historia, desde José Antonio Páez a Isaías Medina
Angarita, se le habría ocurrido decir de sus compañeros de armas
lo que ha dicho Chávez de los suyos.
En presencia de jefes de Estado extranjeros, Chávez repitió hasta
la saciedad la especie injusta, injuriosa y, en todo caso, desmedida que a todos
los oficiales de las Fuerzas Armadas en los gobiernos de Pérez y Lusinchi
se le habían concedido sus ascensos por la mediación de las barraganas
presidenciales.
El mecanismo de legitimación y camuflaje democrático del modelo
militarista de Chávez fue la Constituyente. Uno de sus medios tácticos
fue, ha sido, sigue siendo y es la agitación; otro, la intimidación;
otro, la penetración del aparato administrativo del Estado por oficiales
activos y retirados; y otro, las tentaciones y oportunidades para el enriquecimiento
ilícito de oficiales altos y bajos, y su impunidad cuando esto se ha
conocido.
Para lograr su propósito, Chávez tenía que desmontar y
destruir la estructura institucional de las Fuerzas Armadas, como un cuerpo
disciplinado, apolítico, al servicio de las instituciones del Estado
democrático y no de una persona o parcialidad. Lo logró a un ritmo
acelerado. Circunstancias fortuitas le permitieron hacer las mayores purgas
militares de nuestra historia.
Una parte importante de los oficiales del Ejército se dejaron persuadir.
Las herramientas de persuasión fueron y son muy poderosas. La ampliación
del horizonte profesional de los oficiales activos hacia la gama de oportunidades
que les ofrece el Estado venezolano era y es una tentación que muy pocas
instituciones pueden resistir. Con ello, el Ejército le vendió
su alma al diablo.
Hoy puede decirse que Chávez logró su propósito de destruir
una de las instituciones que tenían mayor prestigio en la sociedad venezolana
y que a lo largo del siglo XX había evolucionado de las montoneras y
el partido armado que fue en el siglo XIX a una fuerza armada disciplinada,
con una elevada capacitación técnica y una indudable fuerza disuasiva.
Esas Fuerzas Armadas, en los años 60, derrotaron el intento por instalar
una dictadura comunista. En diversos incidentes, el más notable de todos
el del Caldas, exhibió convincentemente la preparación, el espíritu
y el equipamiento necesarios para cumplir una función disuasiva exitosa.
La complacencia con la cual los militares han aceptado desde 1999 que su comandante
en jefe abuse del silencio al cual los obliga la disciplina, para escuchar sin
derecho a la réplica, discursos y acciones groseramente violatorias de
la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y la Constitución, tanto
la anterior de 1961 como la actual, no puede explicarse solamente por la lacerante
contundencia de las realidades que acerca del estado socio-económico
de los más pobres usa Chávez para justificar la patraña
de los planes de auxilio social en los cuales se ha empleado a las Fuerzas Armadas.
El patético apremio con el cual Hugo Chávez invoca una y otra
vez las necesidades de los más pobres, ha sido el envoltorio del contrabando
de tentaciones y ocasiones para la corrupción de oficiales las Fuerzas
Armadas, primero por la tentación que para la apropiación indebida
de fondos públicos hace posible la ausencia de procedimientos contables
y control; y segundo, y más importante, por todo lo que implica un "plan"
que las ha llevado a que oficiales y soldados vendan pollos baratos a la sombra
de las estatuas de los próceres y los reclutas que apenas tienen un par
de años para hacerse soldados dejen de serlo.
Pero esa fue la punta de lanza para la conversión del Ejército
en un partido, involucionando y regresando de esta manera al modelo de la fuerza
armada del siglo XIX.
Lo denuncié públicamente en 1999
El 5 de julio de 1999 yo denuncié desde la tribuna de oradores del extinto
Congreso de la República, en la sesión solemne de la cual fui
orador de orden, que el plan de auxilios sociales no era pasajero ni ocasional,
como lo son las labores de auxilio que han prestado y deben prestar las Fuerzas
Armadas en situaciones de calamidad pública. Dije que era un plan con
el propósito de hacer de ello función permanente de las Fuerzas
Armadas. Advertí que con ello se corrompería seriamente las funciones
propias del Ejército y se mermaría su preparación militar,
tanto porque serían distraídas de lo que es su misión fundamental,
pero sobre todo porque los hombres de uniforme estaban, de hecho, siendo convertidos
en los activistas políticos del partido de gobierno. Hoy, su resultado
está a la vista.
Quiero pensar que una razón para el acatamiento de los mandos de las
Fuerzas Armadas al monumental desatino y a todo lo que estaba implícito
en algo que en 1999 se veía encaminado a hacer de las FAN un cuerpo deliberante
y politizado, se debe en parte a la ignorancia de todo lo que costó llegar
a la formulación de la doctrina militar del Estado democrático.
Lo que se ignora no duele. El asunto es delicado y vasto y la ignorancia de
sus antecedentes no es fortuita. La carencia de estudios serios y completos
que profundicen el tema militar desde los diferentes puntos de vista que este
debe ser examinado, no sólo se debe a la indiferencia de historiadores,
politólogos y juristas. Se debe, ante todo, a su tremenda complejidad
y a las peculiares características de peligrosidad que el tratamiento
del asunto militar tenía y tiene.
Para llegar en 1961 a formular la doctrina del Estado democrático en
el artículo 132 de la Constitución se tuvo que despejar la cuestión
de las facultades y limitaciones del mando supremo de un cuerpo que, por su
propia naturaleza, es y debe ser de rígida disciplina piramidal.
Sin embargo, el hecho es que se ignora cómo llegamos donde hemos llegado
porque no se valora lo que se había logrado. Para llegar a formular lo
que reza el artículo 132 de la Constitución de 1961 fue necesario
definir el objetivo, propósito y razón de las Fuerzas Armadas
de un Estado democrático, y las limitaciones que, como ciudadanos, tienen
o deben tener los miembros de una rama del Estado que debe ser profesional y
permanente.
La aparente contradicción de que fue el gobierno de Juan Vicente Gómez
el que lo inició, es apenas una de sus dificultades y contradicciones.
Todo ello forma un asunto complejo y delicado, que puede ser y de hecho ha sido
peligroso para quien lo analice. Si la historia del Estado democrático
que nace imperfecto en 1811 tiene hitos en la marcha hacia su perfección
evolutiva; en cuanto a la definición de la doctrina militar del Estado
democrático sus hitos no son claros porque son contradictorios: Gómez
creó el Ejército permanente y la Junta Revolucionaria de Gobierno
introdujo en la Constitución de 1947 la Doctrina de la Fuerza Armada
del Estado Democrático. Explicar sus contradicciones no es fácil.
Además de ello, ningún Estado democrático, grande o pequeño,
débil o poderoso, está eximido de las dificultades de definir
las funciones de su estamento militar. Ninguno está libre de los peligros
que vaguedades legales o vacíos constitucionales hagan posible el uso
abusivo e ilegal del supremo comando que sobre la fuerza armada de un Estado
democrático tiene quien ejerce su mando supremo.
En la primera y hoy única superpotencia del mundo, la cuestión
militar-constitucional ha sido y es un problema de primera magnitud en cuanto
a su complejidad conceptual. En Estados Unidos, la legalidad de la facultad
presidencial para enviar a sus Fuerzas Armadas a invadir Panamá y arrestar
a su presidente; lanzar bombardeos retaliatorios en Sudán y Afganistán;
actuar en Yugoslavia o invadir y ocupar Irak sin autorización explícita
del Congreso, es un asunto de presente difuso y pasado confuso, sometido a un
complejo y delicado debate, sin solución a la vista.
Por otra parte, la actitud que han tenido y el papel que han desempeñado
los ejércitos de Chile y España en la transición de las
situaciones militaristas y autoritarias de Pinochet y Franco a una situación
democrática da pie para la esperanza y debe ser materia de cuidadoso
estudio, pues ambos casos presentan ejemplos dignos de ser aplicados cuando
llegue el momento de hacerlo. Y ese momento puede llegar. Cuando llegue, es
de desear que se tenga la claridad conceptual que en los sucesos del 11 y 12
de abril de 2002 no se tuvo.
La cultura política del golpe de Estado militar
La cultura política de los venezolanos de la segunda mitad del siglo
XX es el producto de la inconciliable ética de justificar el pacto de
Rómulo Betancourt y Raúl Leoni con Marcos Pérez Jiménez
para derrocar al gobierno de Isaías Medina. Los venezolanos han sido
educados a reverenciar el golpe de Estado de 1945 como la solución mágica
que trajo la democracia. El golpe militar ha llegado a ser tenido como un recurso
válido cuando las circunstancias sean tales que sirvan de punto de ignición.
El golpe militar en Venezuela como instrumento de cambio de gobierno no debe
ser confundido con la concepción militarista. Pero ella era uno de los
componentes de la coalición cívico militar que derrocó
al gobierno de Isaías Medina.
Cuando las desaforadas ambiciones de Marcos Pérez Jiménez y Rómulo
Betancourt se encontraron en mayo de 1945 y acordaron derrocar al general Medina
Angarita, el más democrático gobierno que ha tenido Venezuela
en toda su historia, desencadenó una sucesión de golpes militares.
La mayoría fracasó. Todos obedecían a la misma cultura:
servirse de los militares como instrumento de cambio de gobiernos debilitados
por razones políticas, económicas y sociales, cercanos al agotamiento,
para ser remplazados por gobiernos de otros partidos.
Ver al recurso del golpe militar como un "instrumento de cambio de gobierno"
sin examinar el aspecto ético y legal que es su requisito previo, es
saltarse a la torera la cuestión fundamental de la pregunta que debe
hacerse todo militar profesional auténticamente institucional: ¿cuándo
es lícito y moral proceder a la acción de derrocar a un gobierno
deslegitimado, de conducta indefendible y proyecciones catastróficas?
¿Cuándo y en qué circunstancias quienes tienen en sus manos
los medios materiales para ejercer la violencia legal del Estado están
en la obligación moral y legal de usarla para corregir las aberraciones
que las circunstancias los convierten en cómplices por omisión?
Esa cuestión, con todas sus aristas y variantes, es decisiva. Cada quien
debe responder a la voz de su conciencia, pues esa es la cuestión que
debe ser planteada cuando un país llega a la situación a la cual
ha llegado Venezuela.
En 1992, en Venezuela de lo que se trataba era la corrupción de todo
el aparato del Estado y la infección que ella le había trasmitido
a la estructura militar, que se veía reducida a ser la guardia pretoriana
de unos presidentes corruptos. Ese es el pasado inmodificable, que no puede
servir de excusa para nada. Hoy de lo que se trata es de enfrentarse a la certeza
de que la conversión de las Fuerzas Armadas en un partido político
llevado a cabo -irónicamente- por el primer militar elegido presidente
por votación popular.
El asunto está lleno de contradicciones, que plantean cuestiones éticas
y constitucionales, delicadas y complejas, que tienden a confundir el pasado
con el presente y a justificar lo que ayer se hizo mal con lo que hoy se hace
peor.
En la historia venezolana del siglo XIX, la institucionalidad militar era la
lealtad al partido, al jefe y al caudillo. A partir de 1961, según la
letra de la Constitución, fue la lealtad del poder militar a las instituciones
democráticas de un Estado de Derecho. Eso se puso a prueba en el combate
contra la subversión castro-comunista de los años 60. La prueba
fue exitosa. La subversión fue derrotada militarmente. Lo fue, no por
la Fuerza Armada del partido, sino por la Fuerza Armada profesional de un Estado
democrático.
Desgraciadamente, los gobiernos y la política de "pacificación"
de Leoni y Caldera carecieron de la entereza ideológica y la visión
histórica para hacer de esa victoria la columna vertebral de la filosofía
de la institucionalidad militar que debía ser enseñada en la Escuela
Militar. Los gobiernos que siguieron resbalaron por la pendiente de la corrupción
y relegaron a las Fuerzas Armadas al papel de guardia pretoriana de sus desafueros.
Por eso, hoy conviene repasar lo que son y deben ser las características
del poder militar de un Estado democrático, que serán analizadas
en la próxima entrega de Historia Viva.