Soy abogado venezolano con cuarenta y tres (43) años de edad. He ejercido
la docencia por veintidós (22) años y actualmente soy profesor
titular de Derecho Constitucional en las Universidades Central de Venezuela
(UCV), Católica Andrés Bello (UCAB) y Santa María (USM).
En el litigio, he dirigido los casos fundamentales de defensa del medio ambiente
(Imataca, Derrames Petroleros, Tendido Eléctrico a Brasil y contaminación
del Lago de Maracaibo por el transporte de Carbón); defensa de comunidades
indígenas (Explotación Minera en el estado Bolívar y en
la Sierra de Perijá, Estado Zulia) y de Derechos Humanos (Defensa de
Trabajadores, Jubilados y Funcionarios Públicos). Finalmente, he ejercido
la defensa, aunque no es mi especialidad, de muchos periodistas y comunicadores
sociales que sufren la persecución política del régimen.
Todas estas situaciones son hechos notorios en Venezuela.
Al día siguiente que el señor Hugo Chávez Frías
gana las primeras elecciones presidenciales, en el año 1998, me invita
a cenar para proponer mi incorporación a una Comisión por él
Presidida encargada de la elaboración de las bases de convocatoria de
la Asamblea Constituyente. Integre la Comisión Constituyente y en la
practica redacté las bases de todo el proceso a pesar de que no apoyé
políticamente al señor Chávez ni a ningún otro candidatos
en esa elección.
Después de cinco (5) meses de trabajo diario, en que compartía
con el señor Chávez permanentemente, en forma inesperada, cambia
el mecanismo de elección y lo transforma de un proceso en que se daba
la participación proporcional de las minorías (lo tradicional
en Venezuela) a un proceso mayoritario absoluto. Le advertí al Presidente
que los sistemas comparados demuestran que, este último mecanismo, garantiza
el control absoluto de los cuerpos deliberantes y que esa situación anularía
el propósito de la Asamblea Constituyente. Él lo impone. En ese
momento, sin lugar a dudas, comprendo que el objetivo político, más
que lograr las reformas que el país anhelaba, era el control paulatino
institucional del estado Venezolano. Me retire de la Comisión y nunca
más conversé con el señor Chávez.
El resultado final de selección demostró lo obvio; con el cincuenta
y tres por ciento (53%) de los votos, el oficialismo obtiene el noventa y siete
por ciento (97%) de los escaños. Casi inmediatamente a la instalación
de la Asamblea Constituyente, sin que el pueblo aprobara el texto de la Constitución,
intervienen al Congreso, la Corte Suprema de Justicia y demás órganos
del Estado, sustituyendo arbitrariamente a sus titulares.
Lo cierto del caso es que desde ese momento comencé una férrea
oposición política al régimen. Esto era inevitable, casi
una consecuencia de mi actividad profesional, como sucedió con el Gobierno
precedente del señor Rafael Caldera. En el año 2000 inicié
un juicio penal por el financiamiento ilícito de la campaña electoral
de Chávez y del Movimiento Quinta República, MVR (Su partido).
En el año 2001 solicité la nulidad del convenio de suministro
petrolero a Cuba. En el año 2002 acusé penalmente al señor
Chávez por el mismo caso del convenio petrolero con Cuba e intenté
un antejuicio de mérito contra Julián Isaías Rodríguez
Díaz, Fiscal General de la República, por denegación de
justicia y fraude procesal.[1]
La totalidad de mis casos en el Tribunal Supremo de Justicia, T.S.J. han sido
objeto de demora deliberada y vencimiento de los lapsos sin que se asuma decisión,
en evidente denegación de Justicia. El presidente del máximo Tribunal
declaró que yo soy un abogado en la lista negra. Las veces que deciden,
por la tardanza, ya la situación subjetiva que se reclama y el daño
son irreparables.
La Sentencia N° 39 del 24-9-02 del Juzgado de Sustanciación de la
Sala Plena del T.S.J. declaró inadmisible para su tramitación
la solicitud de antejuicio de mérito intentada por mi contra Chávez
pero ordenó remitir copia certificada del expediente y el videocassette
consignado como recaudo probatorio al Fiscal General de la República,
Julián Isaías Rodríguez Díaz.
El caso esta congelado en la caja fuerte del Fiscal. Esto generó un amparo
contra el Fiscal, el 10 de febrero de 2004, alegando un caso precedente e idéntico
en el que la Sala Constitucional fijó un lapso de seis (6) meses, de
acuerdo con la ley procesal penal venezolana, para que decidiera si imputaba
o no. La Sala Constitucional primero congeló el caso y, meses después,
obviando el carácter sumario de los amparos que deben ser decididos en
días, dictó Sentencia contra su propia Jurisprudencia y precedentes,
al declarar que no era admisible.
El 24 de mayo de 2004, intenté un recurso nulidad por inconstitucionalidad
contra la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sancionada por
la Asamblea Nacional, en fecha 18 de mayo de 2004, publicada en la gaceta oficial
N° 37.942 del 20 de mayo de 2004. El Recurso acumulaba un amparo para evitar
la designación de magistrados en forma inconstitucional. Me explico.
La Constitución ordena la conformación de un Comité de
Postulación integrado por la sociedad civil y bajo la supervisión
del TSJ, además que deben ser designados por las 2/3 partes de los miembros
de la Asamblea Nacional. La Ley aprobada establece lo contrario, subordinó
el Comité a la Asamblea Nacional y que deben ser designados por mayoría
simple.
El pasado lunes 13 de diciembre, la Asamblea Nacional controlada por escaso
margen por el oficialismo designó diecisiete (17) de los treinta y dos
(32) Magistrados principales y la totalidad de los suplentes con la mayoría
simple de los votos. Aunque usted no lo crea, antes de la sesión y el
mismo día, el Presidente del Comité de Postulaciones Dip. Pedro
Carreño afirmó que todos serían elegidos por su compromiso
revolucionario y militancia partidista. Inclusive dos (2) diputados del M.V.R.
fueron designados como Magistrados principales. El miércoles 15 pasado,
el Diputado Luis Velásquez Alvaray, en el momento de su juramentación
ante la Asamblea Nacional como nuevo Magistrado a la Sala Constitucional, ratificó
su compromiso revolucionario.
Ante la designación de Magistrados en esa forma, acudí el martes
14 de diciembre a la sede del TSJ y desistí del recurso de nulidad contra
la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el amparo que buscaba
impedir la designación de los nuevos Magistrados. Públicamente,
con la cobertura de medios televisivos, radiales e impresos, manifesté
que el desistimiento obedecía a la permanente denegación de Justicia
y a la violación del principio del Juez Natural ya que los nuevos Magistrados
no eran idóneos e imparciales. Anuncié ante el país, y
ese anuncio tiene algún valor por mis antecedentes como litigante y académico,
que no presentaría recurso alguno ante ese Tribunal y que no pisaría
más esa sede para “no formar parte del teatro y el estado de Injusticia
que vive Venezuela”.
Al día siguiente, un Juez penal, en forma inédita, dicta una medida
de prohibición de salida del país en mi contra por un proceso
por difamación incoado por el Jefe del MVR, diputado William Lara. El
Sindicato y la Asociación de Jubilados de la Asamblea Nacional, a la
cual yo representaba, intentó un antejuicio de mérito en contra
de Lara por el desvió de dos mil millones de bolívares de la Caja
de Ahorro que los ampara. Es la primera vez, en la historia judicial del país,
que se dicta una medida de esta naturaleza en un juicio por difamación
que no se ha iniciado ya que la ordenaron en la audiencia conciliatoria.
Ante el escándalo público, entre otras cosas porque el que anuncia
la medida es el propio jefe del MVR y además indica que el día
13 de enero seré condenado a treinta (30) meses de Presidio, alegué
en los medios de comunicación que la medida de prohibición de
salida del país en mi contra es un reflejo de la selección inconstitucional
de unos nuevos Magistrados del T.S.J. con base a su “compromiso revolucionario”;
y que, el efecto de ese control institucional, bajó a todo Juez de Venezuela
que se siente destituido si no sigue las instrucciones impartidas por el Gobierno
o los líderes del oficialismo. A esa medida, dictada en un acto conciliatorio,
no puede seguir otra consecuencia que una condenatoria por un delito inexistente.
Quiero afirmar ante usted que actúe permanentemente como profesional
del Derecho en un juicio incoado contra Lara por trabajadores y jubilados de
la Asamblea Nacional. Él demanda por considerar que lo difamé
con la publicación de un informe emanado de la Superintendencia de Caja
de Ahorros, ese es su único alegato en el expediente. El artículo
supuestamente difamatorio indicaba lo siguiente:
“En la administración de William Lara, al frente de la Asamblea
Nacional, por cuya gestión existe una solicitud de antejuicio de mérito
pendiente ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia intentada por
trabajadores y jubilados de la institución, fue utilizada la cantidad
de dos millardos de bolívares de la Caja de Ahorros de los trabajadores
para cubrir otros gastos del cuerpo legislativo.
Hasta la fecha, solamente se han hecho abonos parciales por lo que la deuda
alcanza la cantidad de mil setecientos un millones setecientos veintitrés
mil trescientos diez y siete bolívares con veinticinco céntimos
(Bs. 1.701.723.317,25), en este momento. Y esto no lo digo yo, lo dice Iván
Rafael Delgado Abreu, Superintendente de Cajas de Ahorro adscrita al Ministerio
de Finanzas, mediante comunicación DDS-OAL-1841 recibida en la oficina
del actual Presidente de la Asamblea Nacional el 28 de abril de 2003”.
La Sala Plena del T.S.J dictó una sentencia el 18 de agosto de 2003 en
la que declara inadmisible, por cuestiones formales, la solicitud de los jubilados
y trabajadores pero remite el expediente al Ministerio Público para que
inicie una investigación contra Lara y considere la solicitud de antejuicio
de mérito que esta aun pendiente. De forma tal que no existe pronunciamiento
alguno que lo libere de responsabilidad. Es importante acotar que esta situación
ha sido utilizada por sus enemigos políticos, en el mismo seno del chavismo,
para bloquear su aspiración de presidir nuevamente a la Asamblea Nacional
el próximo año.
Lo más grave de esta trama es su connotación electoral y política.
A raíz del referendo revocatorio del 15 de agosto de este año,
inmediatamente al evento, la oposición venezolana me designó oficialmente
como Coordinador General del equipo multidisciplinario conformado por cincuenta
(50) profesores de las universidades venezolanas que investigó el fraude
cometido. Como tal, fui el responsable de la redacción de los informes
de fechas 8 de septiembre y 15 de octubre que tuvieron un impacto brutal en
la opinión pública venezolana y en la deslegitimación del
señor Chávez. El equipo tuvo dos coordinadores, científico
y técnico, dada la connotación tecnológica del proceso
de automatización. Uno de ellos fue rector de la Universidad Simón
Bolívar. Creo necesario acudir a instancias internacionales por cuanto
todo apunta a mi arresto en fecha 13 de enero de 2005. Tuve la prudencia de
documentar mediante certificaciones todos estos procesos. Esto lo digo porque
ahora, ante evidentes acciones que intentaré, me han negado el acceso
a los expedientes. Atentamente,
Profesor Tulio Alberto Álvarez
tulioa@telcel.net.ve
tulioa@hotmail.com
luischumaceiro@yahoo.fr
tulioa@tmotion.net
Teléfono: 0058-412-3216359 (Celular)
Habitación: 0058-212-9613120
------------------------------------------------------------------------
[1] El fiscal fue candidato del MVR al Senado y a la Asamblea Nacional Constituyente
en las dos elecciones en que se recibió el financiamiento ilícito
del Banco Bilbao Vizcaya y aun así continuo bloqueando la investigación.
Además, fue Vicepresidente de la Asamblea Constituyente y de la República
designado por Chávez hasta que lo eligen en el cargo que actualmente
ocupa. Este es el funcionario que dirige las investigaciones en Venezuela y
congela las acusaciones contra Chávez, en forma por demás grosera.
Regresar a la página principal