Acuerdo Nacional por la Justicia Social y la Paz Democrática

Nosotros, representantes de partidos políticos, sindicatos, movimientos estudiantiles y juveniles, organizaciones populares, obreras y campesinas; sectores productivos, gremios y asociaciones profesionales; medios de comunicación; organizaciones de lucha por los derechos civiles, políticos y humanos, organizaciones comunitarias y otras formas de integración asociativa de venezolanos y ciudadanos de otras nacionalidades, decididos a vivir en un régimen democrático que garantice la paz, las libertades y el desarrollo de una economía sana y próspera, suscribimos este Acuerdo Nacional para que Venezuela avance hacia un futuro de unidad y paz. Este acuerdo expresa la voluntad de participación de la sociedad democrática en la reconstrucción del país. Rechazamos el sectarismo y la intolerancia que promueve la desintegración nacional, el autoritarismo, el empobrecimiento de las mayorías y el aislamiento de Venezuela frente al mundo. Suscribimos esta alianza por la democracia como expresión de los intereses más diversos que conviven en Venezuela.

Venezuela se encuentra en los albores de un cambio trascendental. Nuestro compromiso es dirigir el país en este proceso de cambio hacia el progreso social y la superación de viejos y nuevos errores. En estos últimos cinco años hemos sufrido la pesadilla del enfrentamiento entre venezolanos. Los abusos e injusticias de estos tiempos han despertado una conciencia popular y ciudadana que exige de los futuros gobernantes un compromiso con la reconciliación y la reconstrucción nacional.

La construcción de una nueva democracia, que lo sea de veras, constituye el centro de nuestra propuesta. El pueblo venezolano ya no es el mismo. Es un pueblo activo y exigente. Estos son los tiempos del ciudadano. Los partidos políticos deben adecuar su actuación a las exigencias de este nuevo tiempo. Los venezolanos no vamos a regresar a nuestras casas luego de habernos comprometido vitalmente con la recuperación de la democracia. La nueva gobernabilidad requiere entregarle poder al pueblo no sólo para que vote sino para que influya determinantemente en las grandes decisiones del país. La participación popular y ciudadana deben encontrar nuevas avenidas en los tiempos que se avecinan, tal como lo establece la Constitución Nacional.

La reconciliación es más que un acto político: es la expresión concreta de la unidad nacional en torno a un proyecto de nación. Por ello el centro de la acción del gobierno de unidad nacional que proponemos estará en la atención privilegiada de los sectores cuya integración a la sociedad ha sido obstaculizada por un inaceptable proceso de exclusión. Especial impulso se le dará a la aplicación de una política social que le permita a la gente desarrollar sus capacidades para incorporarse al trabajo productivo. Generación de empleo y seguridad social y ciudadana son indispensables para la paz. Para ello es imperativo la recuperación y expansión del sector productivo del país, tanto público como privado.

La paz también exige normas de convivencia social que han marcado el curso histórico de la civilización humana: la vigencia del estado de derecho, la independencia de los poderes públicos, y el funcionamiento de las instituciones; el reconocimiento y respeto a las reglas del juego democrático, a los derechos humanos y al espacio para la expresión de la diversidad de ideas y pensamientos. El gobierno de unidad nacional respetará los espacios de acción política y gobernará para todos los venezolanos.

El odio y el sectarismo deben ser erradicados. La dura enseñanza de estos años de enfrentamiento entre venezolanos no puede olvidarse. Venezuela encara el desafío más serio de su historia; Unidad es el anhelo de la mayoría de una población que se resiste a que nuestro país se desintegre en un enfrentamiento fratricida. Los venezolanos hemos aprendido a anhelar la paz y la unidad como las mayores bendiciones de la vida democrática y el verdadero camino para dirimir nuestras diferencias.

Nuestro compromiso con Venezuela

El gobierno que se instalará en Venezuela como resultado de las elecciones posteriores a la revocatoria del mandato del Presidente de la República, estará signado por la unidad. Gobierno capaz e idóneo, y dotado de la mayor sensibilidad social. Gobierno también plural y amplio, sin hegemonías de ningún sector ni concebido como reparto burocrático. Un Gobierno que integre las fortalezas de los partidos con las de la sociedad civil. En síntesis: Un gobierno del pueblo para el pueblo.

Para garantizar la viabilidad, estabilidad y eficacia del gobierno de unidad nacional, las organizaciones de la oposición democrática acuerdan presentar un candidato unitario a la presidencia de la república, seleccionado a través de un proceso de elecciones primarias y quien se compromete ante al país a no aspirar a la reelección inmediata, entendido ello como una importante contribución al éxito del gobierno en la compleja etapa que le tocará dirigir. El venezolano o venezolana así seleccionado dirigirá un equipo de gobierno orientado al bienestar de la gente, y a restaurar la ética del Estado al servicio de los ciudadanos. Asimismo, la acción del gobierno se enmarcará en la propuesta y visión de Venezuela que está contenida en el plan Consenso País, presentado a la nación por la oposición democrática.

Nos comprometemos a dignificar la política y ejercerla con sentido ético y de visión de construcción de país. Como primera manifestación de este compromiso, se acuerda evitar toda polémica estéril y subalterna y centrar el debate alrededor de ideas que conduzcan al progreso de la nación. Este compromiso tendrá especial relevancia en los venideros procesos electorales que pondrán a prueba nuestra vocación unitaria y voluntad de cambio. Todo ello para hacer compatible el ejercicio de la política con el alto propósito de la reconciliación y la reconstrucción nacional.

Quien resulte ser el candidato para presidir el gobierno de unidad nacional, se compromete a activar el Consejo de Estado y el Consejo Federal de Gobierno, ambos previstos en la Constitución Nacional.

Lineamientos estratégicos del Gobierno de Unidad Nacional.

Dentro de una concepción general de establecimiento de la paz y la unidad nacional, y de lucha contra la pobreza a través de la generación de empleo y riqueza, el candidato presidencial se compromete a conformar un Gobierno de Unidad Nacional que actuará en el marco constitucional vigente y preservará los derechos sociales contemplados en la Carta Magna, a la par que fortalecerá las instituciones del Estado. Su acción seguirá las siguientes líneas estratégicas:

Atención a la urgencia social

• Programas de ayuda inmediata contra el hambre y el desempleo en los sectores más necesitados, con especial énfasis en la atención a madres, niños, adolescentes y ancianos.
• Mejoras en la calidad, cobertura y fortalecimiento de los sistemas integrales de educación y salud.
• Aplicación inmediata de un plan de emergencia de seguridad ciudadana.
• Reactivación del mecanismo tripartito para la formulación de un nuevo sistema de Seguridad Social Integral que se traduzca en mejora de la calidad en la prestación de servicios en salud, educación y recreación, así como el manejo del sistema de pensiones. Creación de un Consejo Nacional de Seguridad Social.
• Plan especial de inversión para la recuperación de los espacios públicos y los servicios en las ciudades.
• Restitución de los derechos laborales de todos los trabajadores, en particular los de aquellos a quienes les han sido confiscados por motivos políticos.

Nueva política económica y petrolera

Impulso y promoción del desarrollo del sector productivo nacional y aumento de la producción de bienes y servicios.

Recuperación de la industria petrolera. Fortalecimiento de PDVSA como pivote fundamental de la economía nacional.

Elevación del nivel de desarrollo y competencia de la industria petrolera.

Enérgica política de inversión productiva.

Plan de acción para generación de empleos dignos y estables.

Reducción de la presión fiscal y tributaria sobre la población.

Saneamiento de las finanzas públicas y uso racional del endeudamiento.

Elevación del poder adquisitivo de la población.

Reformas políticas y constitucionales

• Promover modificaciones de la Constitución, en los siguientes aspectos:
• Aquellas orientadas a reducir el excesivo poder presidencial.
• Establecimiento de la doble vuelta en las elecciones presidenciales.
• Restablecimiento del carácter institucional, apolítico, profesional y no deliberante de la FAN, y su subordinación al poder civil, manteniendo el derecho ciudadano del voto.
• Restablecimiento del régimen parlamentario bicameral.
• Fortalecimiento y profundización de la descentralización como incentivo a la participación ciudadana y mecanismo de desarrollo. Transferencia de recursos y competencias a estados, municipios y parroquias.
• Re-institucionalización de los Poderes Públicos que fueron designados en violación de la Constitución: Poder Ciudadano, Poder Electoral y Tribunal Supremo de Justicia.
• Restablecimiento del rol de las instituciones públicas y privadas a fin de facilitar la normalización del país.

Administración de justicia, igualdad ante la ley y lucha contra la corrupción.

• Declarar en emergencia del sistema de administración de justicia.
• Restablecimiento del sistema de concursos para la designación de los jueces titulares.
• Promoción del referendo abrogatorio de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia.
• Atención a la emergencia carcelaria teniendo como meta la dignificación del trato a los reclusos.
• Recta aplicación de la justicia por jueces y fiscales imparciales y honestos.
• Activación de investigaciones y sanciones relativas a la corrupción y las violaciones de los derechos humanos.

Relaciones internacionales.

• Política exterior de Estado sobre la base de la preservación de los intereses del país y la soberanía nacional.
• Rescate de la profesionalización de la función diplomática y relanzamiento de la diplomacia para avanzar los intereses estratégicos del país.
• Respeto a los convenios internacionales debidamente adquiridos por Venezuela en el marco del Estado de Derecho.

Con este Acuerdo, queremos sentar las bases para la solución de los grandes problemas de Venezuela y para la construcción de los nuevos consensos que el país exige. A suscribirlo convocamos a todos los venezolanos de buena voluntad, sin importar su credo político, para que se incorporen al espíritu de esta alianza nacional. De esta difícil encrucijada sólo podremos salir unidos. Convocados a la unidad estamos por nuestra historia y por el futuro de nuestros hijos. Ante nosotros se abre un porvenir de grandes posibilidades si actuamos con la inteligencia y la grandeza de un pueblo comprometido con su destino. La elección entre la esperanza y el abismo del enfrentamiento es sólo nuestra. Al asumir la responsabilidad de dibujar el futuro para todos los venezolanos estamos comprometiéndonos a construir la Venezuela posible, una nación con la grandeza que merece su pueblo.

Caracas, 25 de julio de 2004.

Globovisión/JMS
25/07/04