ALERTA ROJA

POTENCIAL SITUACIÓN TERRORISTA

EL INCIDENTE DEL ROBO DE EXPLOSIVOS EN LAS FUERZAS ARMADAS Y SU POSIBLE IMPACTO EN EL REFERENDO REVOCATORIO DEL 15 AGOSTO DEL 2004

 

Mario Iván Carratú Molina

 

PREMISAS.

 

§         El Estado se reserva el control exclusivo de las armas y por extensión de todo material de guerra que exista, se fabrique o se introduzca en el país bajo el titulo de propiedad de la Nación. La Fuerza Armada Nacional será la institución competente para reglamentar y controlar, de acuerdo a la ley respectiva, la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos.[1]  

 

§         La Seguridad de la Nación se fundamente en el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la Sociedad Civil. El principio de corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.[2]

 

§         Es competencia exclusiva del Ejecutivo proteger a los ciudadanos, hogares, familias y asegurar el disfrute pacifico de la garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley.[3]

 

§         La perdida de material de guerra, y explosivos, detonadores, eléctricos, cordón detonante, granadas fragmentarias, permanganato de potasio, constituye una delicada situación de seguridad para los  venezolanos e inclusive de otras naciones, que obliga al gobierno nacional a asumir con seriedad y responsabilidad esta delicada situación con conexiones terroristas, que al mismo tiempo coloca en tela de juicio  a la institución militar venezolana en la personas de: El Comandante Supremo, Ministro de la Defensa, Alto Mando Militar, la Dirección de Armas y Explosivos del MD, el Comandante de la Guarnición del distrito Puerto Cabello, del comandante de la Unidad (CEDIMAGUE) y de todos en esa línea de mando en ambos sentidos (superiores y subalternos).

 

§         Se plantea una situación de potencial  “Riesgo de Acción Terrorista” (RAT) elevada, que se complica con la tensión e inseguridad generada por el discurso político de el gobierno. Se verifica la Ecuación de la Violencia Política: Explosivos en poder de desconocidos + Tensión Política + Recalentamiento Social = terrorismo.

 

§         Ante esta situación el gobierno esta obligado a dirigir las investigaciones que conduzcan primero a recuperar absolutamente todo el material y segundo, establecer las responsabilidades en la línea de mando de la jerarquía militar que se inicia desde el Ministro de la Defensa descendiendo hasta los niveles de control, supervisión, almacenamiento y manipulación de dicho material.

 

§         Hasta el presente sólo se han formulado acusaciones al boleo y sin respaldo científico y técnico, que lejos de favorecer, al contrario, enturbian la transparencia obligatoria como Seguridad de Estado y nunca como objetivo electoral y político.

 

§         El Gobernador del Estado Carabobo Enrique F Salas Feo, denunció públicamente y acuso al Vicepresidente Ejecutivo de estar al frente de un plan de desestabilización política con grupos armados. (27 de Jul 0004)

 

§         Destaca hasta ahora la versión a titulo de denuncia más amplia y documentada es la correspondiente al tabloide  El Nuevo País, en su edición correspondiente al día 3 de Agosto del 2004 (Pág. 3) en la columna Factores de Poder cuyo autor es la lic. Patricia Poleo. Se efectúa una delicada y comprometedora denuncia con nombres, apellidos, modus operandi y potenciales involucrados, cuyos rangos oscilan desde generales, coroneles, capitanes, sargentos y otros. Esta denuncia inexplicablemente no ha sido investigada y tampoco sus comandantes naturales, pareciera que actuaron en complicidad de superiores en mando o que en el Ministerio de la Defensa no han iniciado como debe ser la exhaustiva investigación que corresponde (se desprende de la lectura de la denuncia).

 

§         La posesión de armas y explosivos de guerra en manos no autorizadas, ni entrenadas para su manipulación constituye una grave situación de inseguridad nacional que podrían eventualmente producirse actos de naturaleza terrorista con un definitivo impacto en los eventos de naturaleza eleccionaria previstos para el día 15 de Agosto del 2004 y los días subsiguientes.         

 

               1. SITUACIÓN.                      

 

Voceros calificados del Poder Ejecutivo y responsables directos de la Seguridad Doméstica entre ellos el Vicepresidente Ejecutivo  José Vicente Rangel, el Ministro de Interior y Justicia Gral. en Jefe ® Lucas Rincón Romero y el Ministro de la Defensa  Gral. en Jefe Jorge Luís García Carneiro, han difundido a la colectividad nacional a través de diferentes medios de comunicación del país en las dos últimas semanas la pérdida de un cuantioso material de guerra que según sus propias palabras,  constituyen pruebas evidentes de una conspiración por parte de miembros y organismos de la oposición, cuyo objetivo según la información que manejan es:

Crear un ambiente de violencia y caos ante la realización del Referendo Revocatorio solicitado por los venezolanos, aprobado y planificado por el Consejo Nacional Electoral (C.N.E) para ser celebrado el 15 de Agosto del presente.

 

El material de guerra fue sustraído entre otros del Centro de Distribución de  Materiales de Guerra No. 1, (CEDIMAGUE), ubicado en la Guarnición Militar del Distrito Puerto Cabello en el Estado Carabobo.

 

Por orden expresa del ciudadano Presidente de la República y el Ministro de Interior y Justicia, el Material de Guerra, químicos y otros explosivos fueron trasladados a Fuerte Tiuna[4]   dándose inicio igualmente una investigación cuyo centro de sospechas y otras referencias esta orientado a miembros de la Oposición Política, según declaraciones de personeros gubernamentales. 

 

Se evidencia una tendencia del gobierno y de sus más importantes personeros de “trasladar la responsabilidad” de la posible ocurrencia de “actos terroristas” a la oposición política, cuando en la realidad esta “emergencia” debe ser investigada y aclarada absolutamente por el gobierno como responsable de la Seguridad del Estado. 

 

  Dicho material consiste en: 2.450 kilos de explosivos plásticos, 70 granadas fragmentarias, 5.700 detonadores y 20 mil kilos de químicos, estos últimos utilizados en una doble finalidad como precursores químicos para el proceso de cocaína o como catalizador en la preparación de artefactos explosivos.

 

El gobierno ha declarado oficialmente, que ha perdido el control sobre más de 23.000 kilos de explosivos y otros componentes  militares que en su totalidad se cuantifica de la manera siguiente: (Tomado del artículo El Ejecutivo en Venezuela “Vendió el Sofá” de Rafael Rivero Muñoz, Caracas; 24 Jul 04)

 

1.       En noviembre de 2002, se desaparecen del almacén 70 granadas fragmentarias.

2.       En abril del 2004, se  desaparecen 20 toneladas (20 mil kilos) de permanganato de potasio[5].

3.       En julio del 2004, se detecta el robo de:

a.       Un primer lote de 60 kilos de explosivo C-4[6]

b.       180 a 200 detonadores

c.        Un segundo lote de 20 kilos de C-4

d.      

 

 
Un tercer lote de 20 kilos de C-4

4.       El 23 de julio del 2004, en un operativo policial decomisan en una finca en Cagua Estado Aragua, 94 cajas conteniendo 2.250 kilos de Cordón Detonante[7]. Según lo expresan los efectivos que realizaron la operación, este material fue robado, no se sabe cuándo, de los mismos almacenes del CEDEIMAGUE.

5.       En la misma operación se decomisan 5.500 detonadores eléctricos[8].

6.       Desaparición de fusiles asignados al Comando Regional Nº 2 en Yagua[9] 

 

El Gobernador del estado Carabobo Enrique Fernando Salas Feo denuncio y acuso públicamente al Vicepresidente ejecutivo José Vicente Rangel por “controlar directamente movimientos subversivos en el país” dispuestos a efectuar todo tipo de acciones y luego endosarlas a otras personas e instituciones gubernamentales, ratificando las denuncias que presentase públicamente a Noti Tarde.

 

2.  RESPONSABILIDADES:

 

La Dirección de Armas y Explosivos de las Fuerzas Armadas (DARFA),  es el organismo dependiente del Ministerio de la Defensa (Jefatura del Estado Mayor Conjunto), responsable por la adquisición, nacionalización, administración, almacenaje y distribución del material de guerra de la Institución Militar Venezolana y Organismos de Seguridad a quienes por razones directas de su empleo operacional el Ministro de la Defensa autoriza su entrega bajo estricta medidas de control y justificación de su utilización.  

 

De acuerdo a los procedimientos vigentes en las Fuerzas Armadas la responsabilidad de la manipulación, almacenaje, y utilización una vez el material de guerra ha sido distribuido a las unidades para su utilización “limitada”, recae en el Comandante de la unidad militar y es él, único responsable de su uso prudente, razonable y adecuado bajo las normas y procedimientos de seguridad que el Ministerio de la Defensa establece a toda la Institución.

 

Al conocerse el extravió de munición y explosivos se deben seguir los siguientes procedimientos:

 

1.- Investigación inmediata en la unidad en la cual ocurrió la pérdida.

 

2.-Recopilación al menor tiempo posible de informes personales y administrativos del Comandante de la Unidad y de todos los miembros de ese comando que de una u otra manera tuviesen acceso a dicho material con responsabilidades de su custodia como por ejemplo: Comandante de la Unidad, Oficial Ejecutivo, Oficial Responsable del Parque, Oficial Jefe de los Servicios, Oficial de Guardia, Oficiales de Inspección, Guardias de prevención, Jefe de Transporte, Guardias de Parque  y además, todo aquel que haya tenido de alguna u otra manera relación con el incidente.

 

3.- La Inspectoría del Ministerio de la Defensa y de la Fuerza respectiva, dan inicio a una investigación exhaustiva  de todos los pormenores y del personal potencialmente involucrado en el hecho, con el apoyo y participación de los Organismos de Inteligencia asociados, Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y, con el auxilio del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. (CICPC), Dirección de Inteligencia Policial (DISIP) (estos últimos de acuerdo a criterio de los Ministerios de Interior y Justicia y, de la Defensa en atención al Art. 332 de la Constitución de 1999).

 

Esta investigación no concluye hasta tanto, no se haya determinado concretamente los involucrados y se haya recuperado la totalidad del material de guerra extraviado.

 

4.- Paralelamente se producen reemplazos del Comandante de la unidad, si así es recomendado por comprobarse durante la investigación preliminar factores de negligencia, complicidad o irresponsabilidad en su función de mando.

 

5.- Por la cantidad y el tipo de material de guerra extraviado le corresponde al Estado Venezolano informar (secreto), a los Organismos Internacionales tales como: ONU, OEA, países amigos, la Comunidad Hemisférica,  FBI, CIA, INTERPOL, SURETE, SCOTLAND YARD y otros que luchan activamente contra actividad terrorista, específicamente luego de los eventos del 11 de septiembre 2001 y del 11 de abril del 2004. Esta información debe contener todos los datos características, lotes, cantidades, país de origen, fecha de compra de nacionalización, así como, la de extravió, indicando además y de ser posible, hallazgos claves en el proceso de la investigación.

 

6.- Adicionalmente el Gobierno a través del Ministerio de Interior y Justicia y de la Defensa ante la potencialidad terrorista que conlleva la perdida de este tipo de material,  deberá organizar a nivel nacional con la participación de todos los Gobernadores de Estado, Policías Regionales y otros cuerpos de seguridad para que coordinadamente se lleven adelante las pesquisas que conduzcan a la recuperación del material, igualmente se activaran los planes de Defensa Civil para la orientación y protección de la colectividad.

 

3.  SITUACIÓN ACTUAL:

 

Las circunstancias políticas del momento matizadas por el clima electoral obligan al Gobierno y a todos los Organismos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno Central o de los Gobiernos Regionales a desarrollar medidas de alta policía para eliminar cualquier opción que pueda aprovechar “Grupos con Potencialidad Terrorista” que puedan actuar para crear pánico, destrucción, inhibición para acudir al RR y en el caso más grave, perdida de vidas derivadas de acciones terroristas por objetivos de índole político.

 

Hasta el presente el Gobierno no ha definido una actuación específica de investigación y localización en el  seno de las Fuerzas Armadas y solo se ha limitado a informar de ciertos allanamientos y medidas policiales de poco contenido y credibilidad, se ha observado igualmente, como se pretende trasladar “la responsabilidad del Poder Ejecutivo”, hacia la Oposición Política, expresando acusaciones a todas luces carentes de evidencias que soporten su veracidad o de  compromiso alguno lo cual, denota falta de capacidad, ligereza o en el caso más grave de complicidad.

 

4. RECOMENDACIONES: 

 

a)       Que el Gobierno Nacional exija al Ministerio de la Defensa celeridad y eficiencia en las investigaciones y que sustancie concretamente las denuncias al boleo de el Vide Presidente y otros personeros del gobierno.

 

b)      Que se decrete el desarme general de la población incluyendo los grupos armados Tupamaro, Carapaica, Círculos bolivarianos, Frente Bolivariano de Liberación y otros que han manifestado disposición y determinación para agredir con armas a la oposición política y a quienes no comparten su inclinación partidista.

 

c)       Que sea informada a la comunidad internacional de la potencialidad terrorista que existe en Venezuela y en la cual, hasta tanto no se determinen las responsabilidades, se encuentran involucrados funcionarios de la Institución Militar Venezolana.

 

d)      Que el Gobierno  cese de emitir acusaciones ligeras y ausentes de pruebas ante lo delicado y peligroso de la situación creada por los materiales de guerra denunciados como sustraídos en unidades militares.

 

e)       Que el gobernador del Estado Carabobo presente las pruebas de las denuncias que ya ha formulado sobre la participación directa del Vicepresidente Ejecutivo.

 

f)        Que se designe un grupo de tarea a dedicación exclusiva y a tiempo completo, integrado por funcionarios militares y civiles de reconocida capacidad y transparencia a fin de llevar hasta el último término (recuperación de material y detención de los involucrados) las investigaciones.

 

g)       Considerar el apoyo de cuerpos de investigación extranjero, expertos en la lucha anti terrorista, para que colaboren en el proceso investigativo tal y como lo llevan adelante países de la Comunidad Europea, Israel, Estados Unidos, Canadá y México, (entre otros).

 

h)      Garantizar a todos los venezolanos la seguridad, tranquilidad y paz para que toda la Nación pueda concurrir a las urnas y cumplir con el proceso del Referendo Revocatorio el día 15 de agosto del 2004.

 

Para todos los venezolanos esta “ALERTA ROJA” debe ser considerada en atención a lo establecido constitucionalmente sobre la corresponsabilidad entre el Estado (Gobierno) y la Sociedad Civil en todo lo concerniente a nuestra seguridad.

 

Es una obligación insoslayable dar los pasos necesarios para exigir al gobierno establezca las responsabilidades en los mandos militares “únicos” responsables de la manipulación, almacenaje, custodia y utilización de material explosivo y armas de guerra.

 

No podemos estar tranquilos hasta tanto no sea recuperada la totalidad del material sustraído y ahora, en manos de “terroristas” sean estos de la vinculación política que sea y bajo los símbolos de cualquier ideología. La criminalidad que subyace ante esta realidad tiene como objetivos políticos afectar de alguna manera el refrendo revocatorio y el subsiguiente proceso de paz y recuperación de la Libertad Secuestrada.

 

No podemos transigir con nadie y mucho menos negociar , cuando se juega con la vida de millones de venezolanos.

MICM

Vicealmirante.

4AGO04

               

 

 



[1] La CONSTITUCIÓN DE 1999, Gaceta Oficial Nº  5453 del 24 Marzo del 2000, Titulo VII, De La Seguridad de la Nación, Art. 324.

[2] Ibidem, Art. 326.

[3] Ibidem, Art. 332.

[4] NAIR Castillo, El Nacional viernes 23-07-04, Pág. B-19

2  Se trata de un químico regularmente utilizado, entre otros, tanto para la refinación de cocaína (DEA, Informe. Washington, DC, 28 de marzo de 1996) y como ampliador de la capacidad destructiva de artefactos explosivos.

3 El C-4 es el explosivo plástico por excelencia. El explosivo plástico está especialmente diseñado para demoliciones desde el momento en que puede ser fácilmente moldeado para su más eficiente capacidad de demolición en el corte de miembros estructurales y tiene excelente velocidad de detonación y densidad para el trabajo de corte de metales. La presentación regular del fabricante es en empaques individualizados en plástico rígido, una barra o lingote de color blanco mate, de consistencia dura aunque maleable, de unos 10 pulgadas de largo por 2 de alto y 2 de ancho, con un peso estandarizado de una libra (aprox. 465 grms.). Un kilo es por tanto es el equivalente a dos barras de C4; en consecuencia 100 Kgs de C-4 equivalen a 200 barras de C4...

[7] Cordón Detonante se utiliza: como iniciador de todo tipo de explosivos para la formación de líneas troncales de superficie y como ramales descendentes de Cordón Detonante en los barrenos en voladuras secundarias, en explosiones subterráneas o a cielo abierto.

[8] Es el iniciador o detonador fabricado para la transmisión de la energía necesaria para la iniciación de la reacción explosiva (vel 7.000 m/seg.).

[9] POLEO Patricia; “El Nuevo País”,  Factores de Poder, Edición del día martes 3 de agosto del 2004, Caracas, Pág, 3.

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